La presentación se enmarca en el cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre del año previo a su vigencia.

La administración de La Libertad Avanza gobierna sin un presupuesto propio desde su asunción en diciembre de 2023, gobernando dos años sin la “ley de leyes” de 2023. La semana pasada, el Ejecutivo aplicó modificaciones sobre esa norma, con incrementos destinados a obras de infraestructura vial en rutas nacionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos por más de $4.500 millones, en un gesto hacia los gobernadores.

Presupuesto 2026: cuáles son los recortes previstos

El proyecto de Presupuesto 2026 articulado por el equipo económico incluirá recortes y reconducciones en varios frentes.

Se propone una continuidad en la quita de subsidios, que bajarían a 0,8% del PBI (0,2 puntos menos que la estimación para 2025). La intención del Gobierno es limitar el gasto en energía y transporte como uno de los grandes ahorros.

El texto ajustará transferencias a las provincias y en los ATN, con impacto directo en las cuentas provinciales; esa reducción será uno de los ejes de conflicto con gobernadores, quienes esperarán a después de las elecciones de octubre para sentarse en la mesa de diálogo que anunció Milei.

Se prevé que el documento también incluya un reordenamiento de partidas de inversión pública: mantenimiento de proyectos prioritarios ligados a la infraestructura crítica y ajuste en rubros discrecionales.

El proyecto de Presupuesto llega en un momento de tensión política para Milei: los recientes vetos a leyes que buscaban recomponer financiamiento universitario y partidas para pediatría encendieron protestas de gremios y movilizaciones sociales, y sacaron a la luz la tensión entre la búsqueda de gobernabilidad y la ortodoxia fiscal.

El oficialismo enfrenta, además, una fuerte resistencia legislativa. La coalición oficialista no controla el Congreso, por lo que ajustes duros pueden sufrir enmiendas, especialmente en educación y salud.