

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei contra la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que habían sido aprobadas en el Congreso el 21 de agosto y vetadas por el mandatario el 10 de septiembre. Ahora los vetos deberán ser rechazados por el Senado.
El rechazo al veto en Emergencia Pediátrica tuvo 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención. La norma establece un fondo especial para reforzar la atención en hospitales y centros de salud ante el aumento de la demanda y el deterioro del sistema sanitario.
En paralelo, el veto a la ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones. La medida garantiza partidas extraordinarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación.
Mientras se desarrollaba la sesión, en la plaza frente al Congreso se realizó una masiva movilización de trabajadores de la salud y de la comunidad universitaria, en respaldo a las leyes y en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno.
El traspié legislativo se suma a un escenario cada vez más adverso para la Casa Rosada: las denuncias de corrupción en áreas clave, la derrota electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la aceleración de la crisis económica y la proximidad de nuevas elecciones alimentan la fragilidad política de Milei. Las derrotas en el Congreso revelan un Ejecutivo debilitado, que pierde margen de maniobra frente a una sociedad movilizada y un Parlamento dispuesto a marcar límites.
La Ley de Financiamiento Universitario pretende asegurar recursos estables para las universidades públicas. Entre sus principales medidas se destacan:
Recompone los salarios de docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, ajustable anualmente según la inflación y orientado al desarrollo estratégico del país.
Amplía de manera progresiva el monto de las becas estudiantiles.
Establece un aumento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias, conocido como Ley Garrahan, establece medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria infantil:
Declara la emergencia en la asistencia pediátrica por un plazo de dos años.
Dispone la recomposición inmediata de los salarios de todo el personal y residentes, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.
Anula el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud, recuperando el esquema anterior.