En la mañana de hoy la Justicia llevó adelante un operativo de desalojo pacífico que involucró a un grupo de familias que ocuparon tierras ubicadas en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, a través de un accionar conjunto y coordinado entre distintos organismos del Estado.

La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, solicitó la medida de desalojo al Juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en el marco de la investigación iniciada en mayo de este año, cuando se denunciaron ocupaciones en una zona lindante al barrio Tabacalero.

El procedimiento se desarrolló con la participación de efectivos policiales y equipos de mediación, además de personal de la EC SAPEM, Bomberos, SAME y de la Unidad Judicial N°10 y diversas áreas ministeriales del Poder Ejecutivo

El trabajo articulado permitió cumplir la medida sin incidentes, priorizando el respeto a la dignidad, la contención y el diálogo, evitando enfrentamientos con las personas que se encontraban en el lugar.

La causa

La investigación se inició a finales de mayo, cuando la Justicia tomó conocimiento de la ocupación de terrenos deshabitados. A partir de allí, la Fiscalía dispuso medidas preliminares y solicitó informes a distintas áreas para relevar la cantidad de personas involucradas y determinar la situación dominial de los lotes.

Los relevamientos confirmaron que se trataba de terrenos sin construcciones, pertenecientes a propietarios privados y al Estado Provincial. En consecuencia, se dio intervención al Instituto Provincial de la Vivienda y a áreas de Asistencia Social, en los casos que correspondiera.

Con el avance de la pesquisa, se logró identificar a varias personas presuntamente involucradas, quienes fueron imputadas e indagadas por el delito de “Usurpación por despojo mediante violencia, en calidad de coautores”. La mayoría compareció por citación simple, mientras que otras debieron ser conducidas por la fuerza pública ante reiteradas inasistencias.

La actuación del Ministerio Público Fiscal se desarrolló con el propósito de hacer cesar actos contrarios a la ley, considerando la complejidad social de este tipo de situaciones y garantizando en todo momento el respeto por los derechos de las personas involucradas.