La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de la Capital emitió despacho favorable para el proyecto de ordenanza que busca regular el servicio de transporte urbano de pasajeros mediante plataformas digitales. La iniciativa, presentada por el Interbloque, establece por primera vez un marco normativo local para aplicaciones de transporte, y será tratada en sesión en los próximos días. El concejal Juan Pablo Dusso fue designado como miembro informante.

Según argumentaron los autores, la propuesta surge ante la creciente demanda de los vecinos por contar con alternativas modernas y eficientes de movilidad urbana, en línea con los avances tecnológicos y las nuevas modalidades de contratación de servicios. Señalan que la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 55, otorga al municipio competencia para regular el transporte comercial de personas, resguardar la seguridad vial y controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

Requisitos para empresas y conductores

El proyecto crea un régimen específico para las Empresas de Redes de Transporte Urbano de Pasajeros (ERTUP), responsables de gestionar las plataformas digitales. Para operar en la Capital, estas deberán obtener un permiso municipal y cumplir con requisitos como presentar estatuto social, constituir domicilio en la ciudad, garantizar que los viajes se realicen con conductores independientes debidamente habilitados, y proporcionar información veraz y actualizada a la autoridad de aplicación.

Los conductores, por su parte, deberán registrarse, presentar licencia profesional categoría D, póliza de seguro vigente, revisión técnica al día, certificado de antecedentes y documentación completa del vehículo. También estarán obligados a respetar límites horarios: no podrán conducir más de ocho horas corridas ni más de doce fraccionadas por día.

Condiciones de los vehículos y obligaciones del servicio

Los vehículos afectados al servicio deberán tener una antigüedad menor a diez años, contar con airbags delanteros, aire acondicionado, cuatro puertas y baúl adecuado. Además, todos deberán estar asegurados específicamente para el transporte de pasajeros.

La ordenanza establece que el servicio es privado de interés público, por lo que —aunque es prestado por particulares— reviste importancia para la movilidad urbana. Por ello, se fijan obligaciones para garantizar seguridad, transparencia y equidad frente a otros sistemas de transporte.

Asimismo, las empresas deberán conservar registros digitales de los viajes durante al menos doce meses y presentar anualmente la nómina actualizada de conductores. Los usuarios, a través de la aplicación, deberán acceder antes de cada viaje a información básica como identidad del chofer, datos del vehículo y tiempo estimado de arribo.

Sanciones y control municipal

El proyecto incorpora un capítulo específico al Código de Faltas para regular infracciones tanto de conductores como de empresas. Las multas previstas van desde 50 hasta 600 Unidades Municipales para choferes y entre 300 y 2.000 para las empresas en caso de incumplimientos.

La autoridad de aplicación será la Administración de Transporte Público y Movilidad, dependiente de la Dirección de Tránsito, que tendrá a su cargo la fiscalización del servicio y podrá establecer la cantidad de vehículos habilitados según la demanda y densidad poblacional.

Desde la comisión destacaron que la regulación busca otorgar seguridad jurídica, promover la competencia leal y proteger a los usuarios, en un contexto en el que las plataformas digitales de movilidad ya operan de hecho en la ciudad.