El Gobierno nacional confirmó este lunes la creación de una Policía Migratoria, una nueva fuerza especializada que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y que tendrá como objetivo reforzar los controles en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. La medida fue anunciada como parte de una reforma integral del sistema de seguridad nacional.

Según adelantaron desde la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva —quien asumirá formalmente el 10 de diciembre—, la Policía Migratoria estará enfocada en prevenir delitos vinculados a la migración irregular, como el tráfico de personas, el contrabando y el ingreso de individuos con antecedentes penales. La iniciativa implicará un rediseño institucional, con personal específicamente capacitado y funciones definidas.

La nueva fuerza tomará competencias que actualmente están en manos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Parte del personal será reasignado desde las fuerzas federales existentes, mientras que también se abrirán instancias de formación especializadas para quienes se sumen a la estructura.

Desde el Gobierno señalaron que la creación de esta fuerza responde a la necesidad de “profesionalizar el control migratorio” y de convertirlo en un componente central de la política de seguridad. En ese sentido, destacaron que la migración dejará de ser considerada únicamente como un trámite administrativo para pasar a ocupar un lugar estratégico en la prevención del delito transnacional.

La Policía Migratoria funcionará de manera coordinada con la nueva Agencia Nacional de Migraciones (ANM) y será implementada de manera progresiva en los principales puntos fronterizos del país. Las autoridades anticiparon que su despliegue buscará evitar superposiciones operativas, aunque la iniciativa ya generó debate sobre el solapamiento de funciones con otras fuerzas federales.

La decisión se enmarca en un escenario donde el Ejecutivo viene intensificando los controles en pasos limítrofes y aeropuertos, tras distintos episodios de violencia regional y el aumento de delitos transfronterizos. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que el nuevo esquema permitirá “mayor eficiencia, más control y mejor capacidad de respuesta” en los puntos críticos de ingreso al país.