La Cancillería argentina expresó este jueves su “más enérgico rechazo” al anuncio de Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, que informaron una “Decisión Final de Inversión” para avanzar en la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La cartera que conduce Pablo Quirno publicó un comunicado en el que remarcó que las empresas carecen de permisos de la autoridad competente y que sus operaciones se desarrollan en un área bajo disputa de soberanía.

El Gobierno recordó que toda iniciativa unilateral sobre recursos naturales en las zonas en conflicto contradice lo establecido por las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos reconocen la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido, e instan a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva.

Cancillería sostuvo que el rechazo argentino alcanza no solo a la explotación proyectada, sino también a todas las medidas conexas que impulsen la fase productiva: normativas adoptadas por las autoridades isleñas, concesiones de explotación, contrataciones de servicios y cualquier acción que implique avanzar sobre hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El comunicado subrayó que estas maniobras resultan contrarias al ordenamiento jurídico interno, en particular a las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización argentina. También recordó que Rockhopper y Navitas ya fueron sancionadas por operar de manera ilegal: la primera fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por 20 años; la segunda recibió sanciones en 2022 por ejecutar operaciones sin permiso.

Ante esa situación, el Gobierno reiteró que no reconoce competencia alguna a otras autoridades para habilitar actividades en la zona y advirtió que toda persona o empresa que participe en proyectos no autorizados incurrirá en un acto ilícito, quedando sujeta a sanciones administrativas, legales y judiciales tanto en el ámbito nacional como internacional.

La Cancillería alertó que el inicio de la explotación de un recurso no renovable en un territorio bajo disputa constituye un acto unilateral de efectos potencialmente irreversibles. En ese marco, anunció que profundizará su plan de acción y evaluará adoptar nuevas medidas para proteger los intereses soberanos del país, en conformidad con el derecho internacional.

El comunicado concluye reafirmando los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.