El proyecto para modificar la Ley de Glaciares ya obtuvo dictamen favorable en el Senado y propone que las provincias determinen el grado de protección de los glaciares dentro de sus jurisdicciones. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil participó de una reunión en el Senado de la Nación, donde se abordaron los alcances de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

La propuesta fue tratada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y contempla cambios relevantes en la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Durante el encuentro, Jalil intervino como representante de la Mesa del Litio y remarcó la necesidad de evaluar de manera integral el impacto social, ambiental y económico que podría generar una eventual reforma. Asimismo, destacó la importancia de la actividad minera como generadora de empleo formal, señalando que el sector aporta cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 5.000 empleos indirectos vinculados a distintas actividades.

En sintonía con esta postura, Manuel Benítez, representante de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), sostuvo que el país necesita avanzar en su desarrollo y subrayó que la transición energética requiere una minería “consciente, responsable e inteligente”, que permita equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente.

Desde el Gobierno nacional, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se indicó que la reforma busca evitar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales”, proponiendo que cada provincia pueda decidir de forma autónoma sobre la protección de los glaciares en su territorio.

De prosperar la iniciativa, las jurisdicciones provinciales podrían establecer distintos niveles de resguardo, priorizando determinados glaciares y habilitando actividades económicas en zonas periglaciales, siempre que no se comprometan reservas estratégicas de agua. Actualmente, la legislación vigente establece la protección integral de todos los tipos de glaciares, tanto por parte del Estado nacional como de los gobiernos provinciales.