En medio de la feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó su fallo de fines de diciembre en el que ordenó al Gobierno el pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Charvay solicitó informes sobre el avance de los trámites para su puesta en marcha y recordó que el 4 de febrero debe estar en plena vigencia.

A principios de diciembre, Charvay invalidó el decreto con el que el presidente Javier Milei ponía en vigencia la norma, pero sin otorgarle fondos para su ejecución. Días después advirtió que impondría multas al el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, si no iniciaban la puesta en marcha de la norma.

Este martes ratificó su decisión, dio cinco días hábiles para la presentación de informes que acrediten el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada y señaló que la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero, sin importar la apelación que presente la Casa Rosada.

La segunda resolución del juez de Campana coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el Presupuesto 2026, pero sin el artículo en el que el Poder Ejecutivo intentó borrar de un plumazo la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. A fines de diciembre, el Senado dio sanción definitiva al Presupuesto que mantuvo las leyes vigentes.

Argumentos oficiales, flojos de papeles

La Casa Rosada argumentaba que los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una amenaza para el déficit cero. Sin embargo, las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar las dos leyes arroja que no suponen volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar.

La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) realizó un informe en el que simula escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10.1 por ciento), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de pensiones.

De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo, “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”. “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos”, señala en el informe de la OPC.

El gasto sería equivalente al 0,22 por ciento y 0,42 por ciento del PBI e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.

El Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos en términos de recaudación por la baja del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, por la reducción sustancial de la alícuota de Bienes Personales, por la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, por la baja de retenciones a determinados granos de exportación y por la reducción de las contribuciones patronales --en caso de que se apruebe la reforma laboral--, por la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.