El Gobierno nacional confirmó que descontará la jornada laboral a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que impulsa el oficialismo. La medida regirá para quienes no concurran a sus lugares de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta.

La decisión fue ratificada por altas fuentes de la Casa Rosada, que señalaron que la postura ya fue aplicada en anteriores paros nacionales. "Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran", sostuvo uno de los funcionarios consultados.

El escenario se da mientras el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados busca obtener dictamen este miércoles para llevar la reforma laboral al recinto el jueves. De avanzar el tratamiento, la CGT confirmó un paro nacional que contará con la adhesión de los principales gremios estatales y del transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis durante 24 horas.

Desde el Ejecutivo admitieron que la paralización del transporte obligará a reorganizar la logística interna para garantizar la asistencia del personal. "Habrá que organizar a todos los empleados, pero tienen que venir a trabajar sí o sí", indicaron desde el oficialismo.

En el plano sindical, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, anunció su adhesión al paro, aunque sin movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió acompañar la huelga con una marcha frente al Congreso el mismo día del debate parlamentario.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el proceso legislativo y sostuvo que la movilización busca evitar que el Congreso trate la reforma "sin la presión de la calle". En declaraciones a Infobae, afirmó que un paro sin manifestación facilitaría el avance del oficialismo, en referencia a lo ocurrido durante el debate en el Senado.

Por su parte, Rodríguez justificó la convocatoria al paro general al señalar que el proyecto "quita derechos y no va a crear ni un solo empleo". Si bien el Gobierno accedió a modificar el artículo referido a las licencias médicas —uno de los principales disparadores de la protesta—, desde la central obrera advierten que aún existen otros puntos del proyecto que consideran regresivos, como la ultraactividad de los convenios y las restricciones a las asambleas en los lugares de trabajo.

La medida de fuerza también incluirá una paralización total del transporte, según confirmó Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, lo que profundizará el impacto del paro en todo el país.

Mientras tanto, el oficialismo confía en aprobar la reforma laboral con modificaciones en Diputados y devolver el proyecto al Senado para su sanción definitiva, prevista para la próxima semana.