La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una de las sesiones más cerradas de los últimos tiempos. A diferencia de la comodidad que el oficialismo mostró en el Senado, el escenario actual en la Cámara Baja es de una paridad extrema.

Según confirmaron fuentes parlamentarias de alto rango, los números para iniciar el debate están al límite: se espera alcanzar el quórum de 129 legisladores con lo justo, sin que sobre ninguna banca.

La tensión obligó a un operativo de último momento. Debido al paro de transporte y a que varios legisladores se encontraban en sus provincias, el bloque oficialista tuvo que coordinar traslados en auto hacia Buenos Aires para garantizar que todos estén presentes a la hora del inicio, prevista para las 14.

El esquema de una sesión crítica

El oficialismo proyecta una jornada extensa. El plan de labor contempla unas 8 horas y media para el debate en general, seguidas de otras 2 horas para la discusión por capítulos. La intención es evitar el tratamiento artículo por artículo que reclama la oposición, buscando agilizar la votación hacia las primeras horas del viernes.

Respecto a los puntos más sensibles de la reforma, como la derogación de estatutos y el fondo de asistencia laboral, el optimismo oficial se mantiene, aunque con cautela. Desde los pasillos del Congreso aseguran que ambos temas "salen", pero reconocen que lo harán con una diferencia de votos mucho más ajustada que la aprobación general del proyecto. 

La sensación de una derrota inminente empieza a calar incluso en sectores de la oposición, donde algunos diputados ya admiten que el oficialismo lograría imponerse "por goleada" a pesar del clima de incertidumbre inicial.

El factor gremial y el frente universitario

La actividad legislativa no es ajena a la medida de fuerza nacional. El gremio del personal legislativo (APL) se plegó al paro, lo que generó complicaciones logísticas, como la falta de una decena de agentes de seguridad en el turno mañana que debieron ser reemplazados por personal del turno tarde.

En paralelo a la reforma laboral, el Gobierno movió una pieza clave en el tablero judicial. Anoche, cerca de las 22.30, ingresó al Congreso el proyecto de ley de financiamiento universitario. Se trata de una respuesta a los fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a garantizar fondos.

La nueva normativa contempla una actualización salarial trimestral para docentes y no docentes atada a la inflación (IPC), una revisión retroactiva de lo liquidado en 2025 y partidas específicas para el funcionamiento de hospitales universitarios. El argumento oficial es que el Congreso debe ahora convalidar de dónde saldrán esos recursos para cumplir con las órdenes de la Justicia.