La Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y redobló su postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. “Recién empieza el plan de acción”, advirtió la conducción cegetista durante una conferencia de prensa en la histórica sede de Azopardo 802, donde también sostuvo que la iniciativa oficial “retrocede 100 años en derechos colectivos”.
El mensaje fue transmitido por los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, únicos oradores del encuentro. Los dirigentes agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga y desplegaron un tono particularmente crítico hacia la administración de Javier Milei, al tiempo que apuntaron contra gobernadores y legisladores que acompañaron la reforma.
El discurso más duro correspondió a Jerónimo, quien aseguró: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”. En la misma línea, remarcó: “No estamos dispuestos, porque así lo marca nuestra tradición y nuestra historia, a entregarnos ni a cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”. El dirigente también cargó contra mandatarios provinciales al señalar que existen “gobernadores inescrupulosos” que, según dijo, “son cómplices de esta traición dándole el voto a este proyecto regresivo”.
“Llegó la hora de exponer a quienes llegan a cargos de importancia y, cuando deben defender los intereses del pueblo, le dan la espalda”, enfatizó Jerónimo. Además, proyectó un escenario político en el que “el peronismo va a construir una alternativa para volver a conducir los destinos de la Argentina” y afirmó que “el movimiento obrero va a ser protagonista de esa construcción”.
El primero en tomar la palabra fue Sola, quien insistió en la magnitud de la medida de fuerza y cuestionó a los diputados que respaldan la reforma laboral. “Merecen mirarse a sí mismos y a quienes representan”, sostuvo. El dirigente detalló que la central obrera realizó “12 movilizaciones y 4 paros” desde el inicio de la actual gestión y defendió la estrategia sindical: “Hemos sido consecuentes y responsables en mantener la paz social ante la protesta y la negación al diálogo”.
La conducción cegetista justificó la continuidad de su plan de lucha al advertir sobre “la pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder adquisitivo y el deterioro de las prestaciones de salud”, además de denunciar un “rompimiento del tejido social y productivo”. En ese marco, la central obrera dejó en claro que la confrontación con el Ejecutivo y los sectores políticos que respaldan la reforma laboral se mantendrá en las próximas semanas.
El paro general convocado por la CGT tuvo este jueves un impacto desigual en las distintas provincias del país, con fuertes interrupciones del transporte y los servicios públicos en algunas ciudades, y un acatamiento limitado en otras, donde la actividad se desarrolló con relativa normalidad.
En Rosario, la adhesión del transporte urbano se hizo sentir desde las primeras horas, con colectivos fuera de circulación y escaso movimiento en las calles, marcado principalmente por vehículos particulares. Algunas unidades de taxis prestaron servicio de manera reducida, mientras que las estaciones de servicio funcionaron con guardias mínimas. El Gobierno de Santa Fe informó que no descontará el día a los trabajadores que no asistan, al tratarse de una convocatoria nacional y ante la falta de transporte.
En Tucumán, el paro también afectó al transporte, los bancos y la recolección de residuos. Los gremios docentes, incluidos ATEP y SADOP, adhirieron a la medida y se anunciaron movilizaciones hacia la Plaza Independencia. La Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Tecnológica Nacional reprogramaron mesas de examen. En este contexto, se registraron ataques a unidades de colectivos que intentaron circular, con roturas de vidrios y cubiertas pinchadas, hechos que el sector empresario atribuyó al conflicto gremial.
El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó la eficacia de la protesta y sostuvo que "los paros no aportan nada", al remarcar que la falta de transporte impide que muchos trabajadores puedan cumplir con sus tareas aun cuando tengan voluntad de hacerlo.
En Mendoza, en cambio, el transporte público, los taxis y los servicios por aplicación funcionaron con normalidad. El Ejecutivo provincial advirtió que descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro y confirmó que la Casa de Gobierno permanecerá operativa. Los comercios abrieron mayoritariamente y los gremios anunciaron solo una panfleteada informativa, sin movilización masiva.
En Salta, la adhesión fue amplia: no hubo colectivos urbanos ni interurbanos, se suspendió la recolección de residuos, los bancos cerraron sus puertas y la Universidad Nacional de Salta interrumpió sus actividades. Tampoco hubo atención presencial en la empresa distribuidora de energía eléctrica.
De este modo, el paro general volvió a mostrar un escenario fragmentado en el país, con provincias donde la medida paralizó buena parte de la actividad y otras donde el impacto fue limitado, principalmente por decisiones oficiales y del sector empresarial.
Si el proyecto se convierte finalmente en ley, el sindicalismo ya advirtió que iniciará el camino de la judicialización. Pese a que el Ejecutivo aceptó excluir puntos críticos para la caja gremial, como la cuota sindical, el malestar persiste por los cambios estructurales en la legislación del trabajo.
Es la primera huelga general que enfrenta el Gobierno tras lograr avances legislativos concretos con la Ley Bases, lo que eleva la tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.
Informe de Verónica Maslup, Facundo Dimaría, Rosalía Cazorla y Elisa Zamora.