Un informe de Human Rights Watch revela que los ataques con drones llevados a cabo por fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados han resultado en la muerte de al menos 1.243 personas y han dejado 738 heridos. Los datos corresponden al período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026.

Entre los fallecidos se incluyen 17 niños y 43 adultos que no estaban vinculados a grupos criminales. De los heridos, al menos 49 son considerados civiles, según la organización. El ataque más mortífero se registró cuando 57 personas perdieron la vida en un solo incidente.

La directora para América de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, instó a las autoridades haitianas a tomar medidas inmediatas para detener a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que operan drones, advirtiendo que más vidas podrían estar en riesgo si no se actúa. Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió a las solicitudes de comentarios.

El número de ataques con drones ha aumentado drásticamente en Puerto Príncipe, donde el control de las pandillas es casi total, alcanzando 57 incidentes reportados entre noviembre y finales de enero, casi el doble de los 29 ataques registrados entre agosto y octubre del año anterior.

Human Rights Watch ha analizado videos compartidos en redes sociales que muestran la acción de drones armados, geolocalizando al menos cuatro de ellos en Puerto Príncipe. Los videos evidencian el uso de drones equipados con explosivos que atacan vehículos y personas que, según la organización, no representan una amenaza inminente.

Un ataque notable ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Simon Pele, controlado por una pandilla del mismo nombre, donde nueve personas fueron asesinadas, incluidos tres niños. Un residente recordó cómo la explosión afectó a un bebé, y una madre lamentó la pérdida de su hija de 6 años.

Las familias de las víctimas enfrentan la presión de los grupos criminales, que controlan el acceso a los funerales. La organización también informó que uno de los ataques ocurrió el 1 de enero de 2026, cuando un dron explotó sobre un camión, causando la muerte de una mujer.

El informe de Human Rights Watch subraya que muchos de estos ataques parecen equivaler a ejecuciones extrajudiciales. Además, se hace un llamado a las autoridades para que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas por las muertes ilegales, así como la necesidad de investigar de manera independiente estos incidentes.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, ha manifestado que el uso de fuerza letal contra las pandillas en Haití es innecesario y podría constituir una violación del derecho internacional. En el contexto actual, el gobierno haitiano ha creado un grupo de trabajo que actúa fuera de la supervisión de la Policía Nacional de Haití, utilizando drones explosivos en operaciones de seguridad.

A mediados de 2025, Vectus Global, una empresa de seguridad vinculada a Erik Prince, planeaba desplegar cerca de 200 efectivos en Haití para combatir la violencia de las pandillas. La Policía Nacional de Haití también colabora con una misión respaldada por la ONU liderada por fuerzas policiales de Kenia, que aún enfrenta desafíos de financiamiento y personal.