En medio del debate salarial docente a nivel nacional, donde el gobierno de Javier Milei propone un salario mínimo de 650.000 pesos, los datos de Catamarca muestran una realidad muy distinta.

El sistema educativo provincial cuenta con 16.000 docentes. La mitad de ellos tiene la posibilidad de acumular dos cargos, lo que lleva el ingreso mínimo a alrededor de $1.500.000 pesos mensuales. Además, el salario mínimo no es la regla: solo el 10% cobra ese piso, mientras que el 90% percibe ingresos superiores.

A esto se suma el adicional por zona, que alcanza al 70% de los docentes. Se trata de un plus salarial que varía según el lugar de trabajo y que incrementa los ingresos en buena parte del sistema educativo provincial.

Hay otro dato relevante: todo el salario docente se paga en blanco, es decir, completamente registrado y con aportes. Durante 2025 los sueldos docentes crecieron un 10% por encima de la inflación, según los datos disponibles.

También hay particularidades en la comparación salarial: los docentes provinciales cobran más que los docentes universitarios. Y, además, Catamarca mantiene beneficios que a nivel nacional ya no existen: la provincia sigue pagando el FONID, aun después de que fuera eliminado por el gobierno nacional, y también sostiene parte de los salarios de docentes de escuelas privadas.

Pero el punto central del debate aparece cuando se mira el impacto en las cuentas públicas. La masa salarial docente es uno de los gastos más grandes del Estado provincial.

Los números son elocuentes: se necesitan dos meses completos de recaudación provincial para pagar un solo mes de salarios docentes. La comparación con otro ingreso clave también dimensiona la magnitud: harían falta 29 meses de regalías mineras para cubrir apenas un mes de sueldos docentes.

Los datos invitan a una pregunta inevitable para la discusión pública: ¿hasta dónde puede sostener la provincia el crecimiento del gasto salarial docente sin comprometer el resto de las políticas públicas? Porque en Catamarca el debate salarial ya no es solo educativo: es, también, un debate sobre la sostenibilidad de las finanzas provinciales.