La española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña, tras casi dos años de conflictos judiciales con su padre para impedir el procedimiento. Su caso se convirtió en uno de los más polémicos desde la aprobación de la ley de muerte asistida en España.
Castillo Ramos es la paciente más joven del país en acceder a la eutanasia y una de las pocas personas con padecimientos psiquiátricos y lesiones irreversibles que obtuvo autorización para el procedimiento.
La eutanasia estaba prevista originalmente para agosto de 2024, pero fue suspendida a último momento por una orden judicial solicitada por su padre con el apoyo de la organización Abogados Cristianos.
Desde entonces, el caso recorrió distintas instancias judiciales, incluyendo tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazó el último intento de frenar el procedimiento.
Con todas las resoluciones firmes, la muerte asistida fue programada para el 26 de marzo de 2026 y se realizó en la residencia donde la joven estaba internada.
Según trascendió, Noelia se despidió previamente de su madre y pidió atravesar el momento en un entorno que consideraba su “zona de confort”.
La joven había quedado parapléjica en 2022 tras arrojarse desde un edificio luego de atravesar una situación personal traumática.
El episodio le provocó una lesión medular completa, con secuelas permanentes, dolor neuropático constante, dependencia funcional e incontinencia, además de la necesidad de asistencia permanente.
Durante su tratamiento en el Instituto Guttmann de Badalona expresó por primera vez su voluntad de solicitar la eutanasia, que formalizó en 2024 ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.
Los informes médicos concluyeron que sufría un padecimiento grave, irreversible y con sufrimiento constante, por lo que cumplía los requisitos establecidos por la legislación española.
El padre de la joven se opuso desde el inicio y presentó múltiples recursos judiciales para impedir la eutanasia, lo que retrasó el procedimiento durante casi dos años.
La Justicia determinó que Noelia tenía capacidad para decidir de forma libre y autónoma, por lo que su voluntad debía prevalecer.
Durante entrevistas televisivas, la joven había defendido su decisión y expresó que deseaba terminar con el sufrimiento que arrastraba desde el accidente.
También relató una infancia marcada por conflictos familiares, problemas económicos y su paso por centros de menores, además de una agresión sexual que, según contó, influyó en su intento de suicidio.
La muerte de Noelia vuelve a poner en discusión los alcances de la ley de eutanasia en España, vigente desde 2021, que permite la muerte asistida en casos de enfermedad grave, incurable o sufrimiento crónico irreversible.
Mientras sectores médicos y jurídicos sostienen que el procedimiento cumplió con todos los requisitos legales, organizaciones religiosas y algunos especialistas cuestionan que no se exija un tratamiento psicológico obligatorio antes de autorizar la eutanasia.
El caso, que generó repercusión internacional, se convirtió en uno de los más emblemáticos en el debate sobre el derecho a morir y los límites de la intervención judicial en decisiones personales.