El gobierno nacional realizará una auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, luego de detectar en un control previo que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. La iniciativa será ejecutada por la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el PAMI para verificar que se respeten los criterios de adjudicación.

En la última auditoría, llevada a cabo en diciembre de 2024, se descubrió que la mayoría de los beneficiarios no sufría la condición que habían declarado. Como resultado, se cancelaron 212 pensiones cobradas por personas encarceladas y 150 correspondientes a fallecidos.

Este control se enmarca dentro del plan del gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones otorgadas por el Estado, incluyendo la actualización de los requisitos para determinar la invalidez laboral, que fue publicada el jueves en el Boletín Oficial.