

El 27 de diciembre del año anterior, Edgar Bacchiani envió su solicitud mensual a la Justicia Federal solicitando el acceso al beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que sus dos hijos menores y su madre jubilada requieren de su atención y apoyo económico.
Ayer, el juez federal Miguel Ángel Contreras respondió a la pretensión y acompañando las posturas negativas manifestadas por varias querellas rechazó el pedido.
Entre otros puntos, se recordó que Bacchiani está acusado de estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de dinero y asociación ilícita, y que "según lo informado por la Justicia de la Provincia de Córdoba, deberá enfrentar un juicio oral en esa jurisdicción. En efecto, la posibilidad de ser condenado a una pena considerable sin duda puede representar, en la mente del acusado, un motivo suficiente y comprensible desde el punto de vista humano para intentar eludir la acción judicial".
Es decir, para el juez, existe un alto riesgo de fuga, que se agrava por el hecho de que Bacchiani tiene los recursos para afrontar los elevados costos que implica mantenerse fuera del alcance de la ley.
"El acusado Bacchiani tiene la capacidad económica para ello, ya que se han registrado, de manera preliminar, movimientos significativos de activos en sus cuentas de criptomonedas, así como los montos involucrados en las actividades ilícitas que se le imputan", explicó el juez.
Añadió que, según los resultados de las pericias realizadas a los teléfonos incautados durante los allanamientos en su vivienda, "existen indicios de vínculos con personas no solo en otras provincias de Argentina, sino también en el exterior, lo que sugiere que podría contar con redes de apoyo que facilitarían su ausencia durante el proceso judicial en su contra".
El juez también señaló que Bacchiani posee "amplios conocimientos sobre criptomonedas y activos digitales", y que la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina está investigando el posible paradero de dichos activos.
Además, consideró que la posibilidad de que Bacchiani se encuentre en su domicilio "podría obstaculizar considerablemente dicha tarea investigativa, al tener acceso a dispositivos informáticos e internet".
En relación con este punto, el juez indicó que Bacchiani "habría intentado engañar no solo a este tribunal, sino a todas las partes involucradas en el proceso, al afirmar que disponía de fondos que en realidad no tenía", alegando contar con cerca de 70 millones de dólares para pagar a sus acreedores.
Contreras afirmó que el fundador de Adhemar Capital SRL "no colabora con el proceso" y que la posibilidad de que esté fuera del Servicio Penitenciario Provincial podría generar mayores maniobras dilatorias en el avance de la causa, como el ocultamiento de sus bienes.
El rechazo a la prisión domiciliaria se fundamentó también en la prórroga de la prisión preventiva por un año más (hasta abril de este año), confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.