

A raíz de la reciente intervención del presidente Javier Milei en Davos, el gobierno ha confirmado que avanza en un proyecto de ley destinado a suprimir los cupos de género, la figura del femicidio como agravante, y diversas normativas relacionadas con políticas de inclusión. La iniciativa, promovida por el equipo del secretario de Legal y Técnica, Santiago Caputo, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, será presentada en el Congreso durante las próximas sesiones ordinarias bajo el nombre de "Proyecto de Igualdad Ante la Ley".
**Eliminación de los cupos de género y discapacidad**
El proyecto busca derogar la ley que asegura el 50% de representación femenina en los cuerpos legislativos nacionales y en el Parlasur, así como los cupos laborales para personas trans, travestis y con discapacidad en la Administración Pública. Según el oficialismo, estas disposiciones generan "un trato diferencial ante la ley", lo cual contravendría los principios de igualdad consagrados en la Constitución.
Esta propuesta también afectaría leyes como la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario, y la Ley de Paridad Electoral (Nº 27.412). Las reformas han provocado fuertes rechazos, especialmente entre aquellos sectores que defienden los derechos de las minorías y las disidencias.
**Eliminación de la figura de femicidio**
En un contexto donde cada 29 horas se registra el asesinato de una mujer por razones de género, y con un 2024 que reportó 255 femicidios, el gobierno plantea la eliminación de la figura de femicidio como agravante en los homicidios. Argumentan que no debería haber penas más severas por un homicidio contra una mujer que por uno contra un hombre. Este enfoque fue respaldado por declaraciones recientes de Milei, quien sostuvo que las feministas no critican que “la mayoría de los muertos en guerras o los presos son hombres”.
**Discursos alineados con la lucha contra el "wokismo"**
El discurso de Milei en el Foro de Davos consolidó esta postura ideológica, al criticar lo que denominó la "ideología woke", asociándola con el feminismo, la inmigración, el ambientalismo y la ideología de género.
Las reformas propuestas han generado una ola de críticas por parte de organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y referentes políticos de la oposición. Advierten que estas iniciativas significan un grave retroceso en materia de igualdad y derechos adquiridos en las últimas décadas.
Mientras tanto, el gobierno defiende el proyecto argumentando que busca garantizar la igualdad real ante la ley, eliminando políticas que consideran ideológicas y discriminatorias.
La batalla cultural impulsada por el Ejecutivo Nacional promete ser un eje central de debate en los próximos meses, marcando un nuevo capítulo en la confrontación entre las políticas de inclusión y las posturas más conservadoras.