Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación ante declaraciones públicas de carácter estigmatizante y discriminatorio, realizadas tras la activación de la búsqueda de una joven reportada como desaparecida hace ya una semana en nuestra provincia.

La empatía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad cobra aún mayor relevancia cuando expresiones de este tipo provienen de sectores político-partidarios, actores fundamentales en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas. Su responsabilidad no solo radica en gobernar y legislar, sino también en incidir en la sociedad con posturas responsables y respetuosas.

En un país donde la Trata de Personas se cobra innumerables víctimas, cada desaparición debe ser motivo de alerta y solidaridad ciudadana. Sabemos que, una vez dentro de estas redes de tráfico, encontrar a las víctimas se torna extremadamente difícil. Por ello, los registros oficiales de personas desaparecidas en Argentina aumentan día a día sin una solución definitiva. Además, estigmatizar a quienes se ausentan de sus hogares implica desconocer la complejidad de los factores que pueden influir en estas situaciones.

Hacemos un llamado a una conciencia social empática y solidaria, y exigimos de las organizaciones políticas un compromiso firme con un discurso responsable. Comprender el rol de los partidos políticos y fomentar buenas prácticas es un deber de quienes los integran, especialmente en temáticas tan sensibles como la desaparición de personas y su vínculo con la Trata de Personas y otras problemáticas conexas. La buena gobernanza debe ser su principal objetivo, y para ello, la formación política adecuada es un requisito ineludible.

El contexto actual de vulneración de derechos en nuestro país y en la región de América Latina demanda que las entidades políticas adopten enfoques plurales y respetuosos, alejados de cualquier forma de estigmatización, en especial en asuntos que afectan profundamente a la sociedad.

Argentina, con su extensa trayectoria democrática, ha desarrollado marcos normativos y jurídicos que han sido pioneros en materia de derechos humanos, sirviendo de referencia para legislaciones en otros países. Asimismo, ha suscripto Convenios y Tratados Internacionales cuyo conocimiento resulta fundamental para abordar con seriedad la problemática de las desapariciones y la activación de protocolos de búsqueda.

Entre los antecedentes normativos más relevantes, destacamos la Ley Nacional N° 26.364 (conocida como Ley Marita Verón), la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, así como normativas internacionales como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y el Protocolo de Palermo, entre otras herramientas jurídicas.

La buena gobernanza comienza con una formación comprometida y profunda sobre la realidad que la política busca transformar.

FORO CATAMARCA – RED DE INFANCIA ROBADA

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