El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el directorio del Banco Central (BCRA) enfrentan una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos y defraudación contra la administración pública, a raíz de la liquidación de USD 398 millones a un tipo de cambio significativamente más bajo que el nuevo esquema oficial. La denuncia fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero.

Según detalla la denuncia, el pasado viernes, el BCRA vendió USD 398.000.000 a un valor de $1.097,50 por dólar, una cifra inferior a la banda de flotación entre $1.000 y $1.400 que fue anunciada horas después como parte del nuevo régimen cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La operación se realizó antes de que el directorio del FMI aprobara el acuerdo técnico ya alcanzado por el gobierno argentino, lo que lleva al denunciante a sostener que los funcionarios actuaron con información privilegiada y favorecieron a compradores específicos.

Pedido de allanamiento y revelación de compradores

Martínez Herrero solicitó al juzgado la realización de pericias contables, el allanamiento del Banco Central y la identificación de todas las entidades o personas que adquirieron divisas durante esa ventana temporal. Además, pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia para analizar la legalidad de la maniobra.

En la presentación se remarca que el gobierno ya había previsto comunicar el nuevo esquema de flotación ese mismo día, con una conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Economía. Aun así, el BCRA realizó la venta a un precio inferior, sin ajustar aún el valor oficial, lo que para el denunciante constituye una acción irregular que perjudica al erario público.

Impacto político y judicial

La denuncia no solo apunta a la cúpula del Ejecutivo, sino también a directores del BCRA como Santiago Bausili, Juan Ernesto Curutchet, Nicolás Marcelo Ferro, Pedro Inchauspe, y Wladimir Werning, entre otros. De confirmarse los hechos, la operación podría constituir un delito de uso indebido de fondos públicos, con consecuencias políticas y penales de gran alcance.