Héctor Pedro Vergez, uno de los más temidos represores de la última dictadura militar en Argentina, murió el 12 de abril de 2025 a los 81 años en el penal de Bouwer, Córdoba, donde cumplía prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Su figura quedó marcada por su rol en el centro clandestino de detención La Perla y su liderazgo dentro del Batallón de Inteligencia 601.

Nacido en Victorica, La Pampa, en 1943, Vergez encabezó el Comando Libertadores de América, una organización paramilitar vinculada a la represión ilegal. Fue responsable directo de secuestros, torturas y homicidios sistemáticos, además de apropiaciones ilegales de bienes pertenecientes a las víctimas del terrorismo de Estado.

La Perla y el legado del horror

Vergez se jactaba de haber “creado” La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. Allí se implementaron mecanismos de represión que incluyeron torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. En 2016, fue condenado a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”, tras ser hallado culpable de numerosos delitos de lesa humanidad.

Ya en 2012, el represor había sido sentenciado a 23 años de prisión por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 1977, cuando participó activamente en el secuestro y desaparición de miembros de organizaciones armadas, como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

Uno de los episodios más siniestros en su historial fue el secuestro del jefe de inteligencia del ERP, Javier Coccoz, con quien pactó la salida del país de su esposa, Cristina Zamponi, y su hijo. Vergez incumplió parte del acuerdo y, posteriormente, desarrolló una perturbadora obsesión por Zamponi. Esta relación fue vista con preocupación incluso por sus propios camaradas.

También fue vinculado al secuestro del periodista Rafael Perrota y del dirigente Julio Gallego Soto. En 1998, en un acto de franqueza, confesó al hijo de este último haber liderado el operativo de su desaparición.

Intentos de impunidad y caída final

Tras su retiro en 1979, Vergez mantuvo actividades en la inteligencia estatal y el sector privado, donde fue denunciado por comerciar bienes de desaparecidos y por prácticas usureras. En 1996, intentó desviar la causa AMIA, ofreciendo un soborno millonario a nombre de la SIDE. Su pedido de prisión domiciliaria fue sistemáticamente rechazado por la justicia.

Con su muerte se cierra la historia de uno de los rostros más siniestros de la represión ilegal en Argentina. Sin embargo, el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad sigue avanzando en búsqueda de justicia y memoria para las víctimas del terrorismo de Estado.