Los ex participantes de Gran Hermano, Martín Ku y Nicolás Grosman, se encuentran en el centro de una grave polémica judicial y mediática tras promocionar una oferta laboral para mujeres jóvenes en Rusia. La propuesta, dirigida exclusivamente a chicas de entre 18 y 22 años, generó fuertes críticas en redes sociales y derivó en una denuncia formal por posibles vínculos con redes de trata de personas y explotación sexual.

El activista antisectas Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes, junto a la abogada Milagros Grassi, presentó una denuncia ante la Justicia para que se investigue la veracidad y legalidad de la oferta. Según detalla el documento judicial, la propuesta contiene elementos típicos de maniobras utilizadas por organizaciones coercitivas, con un perfil de captación dirigido exclusivamente a mujeres jóvenes, sin requerimientos laborales ni información clara sobre las tareas a realizar.

Indicios de trata: captación selectiva, falta de garantías y explotación encubierta

El contenido de la denuncia advierte que la vaguedad informativa, la falta de requisitos técnicos o profesionales, y la selección específica de género y edad, son patrones asociados a las redes de trata de personas. La empresa supuestamente contratante, llamada Start, también fue señalada por su escasa credibilidad: fue creada recientemente, carece de verificación oficial en redes sociales y cuenta con menos de 500 seguidores.

Otro factor preocupante es el alcance en redes sociales de los denunciados, quienes, por su popularidad en Gran Hermano, tienen una fuerte influencia sobre una audiencia joven, mayormente femenina. Esta situación es catalogada por la denuncia como un abuso de poder emocional, alineado con el Protocolo de Palermo que define la trata no solo por el traslado o acogida, sino también por la captación mediante el engaño o el abuso de poder.

Vínculos con una fábrica de drones en Rusia: antecedentes internacionales inquietantes 

La polémica creció cuando en redes se viralizó una versión que vincula esta propuesta con un presunto esquema ya documentado en 2024. Mujeres jóvenes de países africanos y asiáticos habrían sido engañadas con promesas similares, pero terminaron trabajando en condiciones extremas en una fábrica de drones militares en Tatarstán, Rusia. Según reportes de The Associated Press, las víctimas denunciaron explotación, vigilancia constante y exposición a químicos peligrosos.