En un giro inesperado en el ámbito judicial, un juez de la Cámara Civil y Comercial Federal ha detenido una causa civil crucial que podría permitir recuperar más de 1.125 millones de dólares en daños por corrupción relacionados con el gobierno de Cristina Kirchner. La denuncia presentada por el presidente de la Cámara, Guillermo Alberto Antelo, ha destapado un conflicto que pone en duda la imparcialidad del proceso judicial. Esta situación no solo involucra a la expresidenta, sino que también involucra a actores judiciales cercanos al kirchnerismo.

El casl civil

La causa civil en cuestión está vinculada al caso Vialidad, que ya ha llevado a Cristina Kirchner a ser condenada en el ámbito penal por corrupción. En este expediente, la Dirección Nacional de Vialidad reclama a la exmandataria una indemnización por unos 1.125 millones de dólares, derivados de licitaciones amañadas durante su mandato que beneficiaron al empresario Lázaro Báez. Esta demanda, presentada en 2018, se ha mantenido en suspenso debido a una serie de obstáculos judiciales, generando incertidumbre sobre su futuro.

El bloqueo judicial: ¿un retraso intencional?

El juez Alfredo Silverio Gusmán, quien se encuentra a cargo de esta causa, ha sido denunciado por su falta de acción en el caso. Según el camarista Antelo, Gusmán retuvo los votos de los otros jueces y se negó a firmar digitalmente el expediente, lo que ha frenado el avance del proceso. Esta inacción ha levantado sospechas de que el juez estaría favoreciendo indirectamente a Cristina Kirchner al evitar que la causa continúe su curso.

​​Conexiones políticas y judiciales

El vínculo de Gusmán con el kirchnerismo ha sido un tema controversial. Se sabe que el juez tiene una relación cercana con Juan Martín Mena, exministro y abogado de Cristina Kirchner, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso. Además, la falta de acción por parte de la Dirección Nacional de Vialidad ha complicado aún más la situación, al no intervenir activamente en el expediente a pesar de la magnitud de la demanda.

El riesgo de prescripción y las consecuencias legales

El caso enfrenta el riesgo de prescripción, lo que significaría que el Estado debería iniciar un nuevo proceso judicial. La falta de resolución en este expediente podría llevar a la extinción de la causa, perdiendo así la oportunidad de recuperar los fondos robados a través de actos de corrupción. En paralelo, la justicia penal ya ha impuesto una multa de 84.835 millones de pesos a Cristina Kirchner, lo que aumenta la presión para que la justicia civil también actúe con prontitud.

La denuncia ante el Concejo de la Magistratura 

Ante la paralización del proceso, el camarista Antelo presentó una denuncia formal contra Gusmán ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Antelo ha solicitado que se sancione al juez o se inicie un juicio político para removerlo de su cargo. En caso de confirmarse una mala praxis judicial, el juez podría enfrentar sanciones graves, incluida la inhabilitación.