La educación universitaria en Argentina enfrenta una crisis económica cada vez más profunda, y las universidades públicas están luchando para sobrevivir a los ajustes presupuestarios impuestos por el Gobierno. Según Oscar Alpa, nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), si este proceso continúa, el número de estudiantes en las universidades podría reducirse drásticamente en los próximos años, afectando gravemente la calidad educativa y el desarrollo del país.

Recorte de fondos y crisis salarial

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos. A un año de la primera Marcha Federal Universitaria, que movilizó a miles en defensa del presupuesto educativo, las universidades públicas advierten que la situación ha empeorado. El presupuesto para 2025 no ha sido suficiente para compensar la inflación y el aumento de los costos, lo que ha resultado en un recorte significativo de los fondos destinados a gastos de funcionamiento.

En términos salariales, la pérdida real del poder adquisitivo de docentes y no docentes supera los 80 puntos, lo que representa una caída del 33% en los ingresos. A esto se suma la reducción de las becas estudiantiles, como la Beca Progresar, que ha visto una disminución de beneficiarios y una caída en su monto, lo que dificulta el acceso a la educación superior para muchos jóvenes.

Necesidad de una nueva Ley de Financiamiento

Alpa destaca que una de las principales demandas del CIN es la creación de una ley de financiamiento universitario que brinde previsibilidad y estabilidad al sistema. Sin esta ley, las universidades no pueden planificar a largo plazo, lo que pone en riesgo el funcionamiento de carreras, laboratorios y proyectos de investigación. La propuesta de vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria busca garantizar un mínimo de recursos sin alterar las variables macroeconómicas del país.

A pesar de los esfuerzos por lograr una solución, como la actualización de gastos en 2024 y la búsqueda de acuerdos con legisladores, la situación sigue siendo incierta. Alpa advierte que, si la tendencia de ajuste continúa, el número de estudiantes podría caer drásticamente, pasando de los 2,5 millones actuales a solo 1,5 millones o incluso menos, lo que afectaría gravemente el acceso a la educación y la equidad social.

El impacto en la calidad educativa y la migración de profesionales

Otro de los efectos más preocupantes del ajuste es la pérdida de talento en el sistema universitario. Argentina ha sido históricamente un referente en educación superior, pero la falta de recursos está llevando a científicos y docentes a emigrar a otros países con mejores condiciones laborales y académicas. Brasil, por ejemplo, ofrece mejores salarios y recursos, lo que está comenzando a erosionar la calidad de la educación en Argentina.

Alpa también señala que el sistema universitario argentino se ha mantenido eficiente y de calidad a pesar de los bajos niveles de inversión. Sin embargo, si los salarios siguen cayendo y las condiciones empeoran, el sistema podría colapsar, afectando la formación de los futuros profesionales del país.

El futuro del Sistema Universitario 

El presidente del CIN concluye que el sistema universitario argentino necesita una reforma estructural urgente. El actual modelo de financiamiento y las políticas de ajuste están dañando de manera irreversible la calidad de la educación y la equidad en el acceso. La creación de una ley de financiamiento sostenible es crucial para garantizar que las universidades puedan seguir funcionando y formando a los futuros profesionales que el país necesita.

En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y sociales, el sistema educativo no puede ser el objetivo de más recortes. La educación superior debe ser vista como una inversión a largo plazo en el futuro del país, no como un gasto a reducir en tiempos de crisis.