En el marco de una política de fiscalización activa, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Transporte, dispuso la baja de oficio de dos unidades pertenecientes a la empresa 25 de Agosto Tour S.R.L. Según la Resolución N° 96/2025, los vehículos superaban el límite de antigüedad permitido y no contaban con un plan de renovación aprobado.

Esta medida tiene como objetivo prevenir fallas técnicas y proteger la seguridad de los pasajeros, alineándose con los estándares de calidad exigidos en el transporte provincial. La resolución marca un precedente en la aplicación rigurosa de las normativas para flotas que circulan en la provincia.

Fuerte operativo en el interior detecta graves irregularidades 

Los controles en el interior provincial arrojaron resultados alarmantes. En un operativo reciente, se inspeccionó una combi de la Municipalidad de Villa Vil, que realizaba el recorrido entre Belén y Laguna Blanca cobrando $10.000 por pasajero. El vehículo operaba sin habilitación ni patente visible, aunque sí contaba con licencia, seguro y revisión técnica obligatoria (RTO) al día.

Otra irregularidad detectada fue en la empresa A&G SRL, cuyo conductor no tenía la habilitación correspondiente para transporte de pasajeros, a pesar de que la documentación del vehículo estaba en regla.

Además, una unidad de la empresa CMS fue secuestrada preventivamente por prestar un servicio contratado sin autorización ni habilitación. La Secretaría de Transporte aguarda la presentación de un responsable legal para regularizar la situación.

​​Traporte seguro y regulado: prioridad provincial

Estas acciones se enmarcan en una política pública sostenida orientada a promover un transporte legal, seguro y eficiente en Catamarca. La Secretaría de Transporte aseguró que los operativos de control se mantendrán de forma permanente, tanto en la capital como en el interior de la provincia.

La intensificación de las inspecciones busca no solo detectar infracciones, sino también enviar un mensaje claro a empresas y municipios: el cumplimiento de las normativas es obligatorio para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y privado.