El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó ante la Corte Suprema un duro reclamo por la deuda superior a $1000 millones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con la provincia. Denunció que el Gobierno de Javier Milei suspendió de forma total las transferencias para cubrir el déficit de la caja previsional, afectando directamente a miles de jubilados cordobeses.

 

Córdoba denuncia discriminación financiera y vaciamiento institucional 

 

Durante la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal, Llaryora acusó a la Nación de incurrir en un “destrato institucional” al cortar unilateralmente los giros presupuestarios. Según el mandatario, la decisión se ampara en el decreto de necesidad y urgencia N.º 280, que suspendió los envíos correspondientes al presupuesto prorrogado de 2023, vigente aún en 2024 y 2025.

 

El gobernador advirtió que la situación pone a Córdoba en una “circunstancia límite”, al dejar a la provincia sin los recursos necesarios para sostener su sistema jubilatorio. El déficit de la caja cordobesa ya superaría los $370.000 millones.

 

Un conflicto que involucra a 13 provincias y puede sentar jurisprudencia 

 

Córdoba no está sola en este reclamo: otras 12 provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la ANSES también dejaron de recibir fondos, lo que representa una deuda nacional superior a $2000 millones acumulada hasta fines de 2024, más lo que corresponde al primer cuatrimestre de 2025.

 

Llaryora busca que la Corte Suprema no solo habilite una vía de diálogo con la Casa Rosada, sino que también siente un precedente legal, como ocurrió con el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables que el gobierno anterior recortó. “Es necesario que la Justicia garantice que los fondos se giren como lo establece la ley”, afirmó.

 

El Gobierno evalúa pagar en cuotas o con bienes, pero no hay acuerdo

 

Aunque la Nación analiza opciones como pagos en cuotas o compensaciones con bienes, aún no hay una propuesta formalizada. La próxima audiencia está prevista en dos semanas. Llaryora insistió en que la solución debe ser definitiva y no parcial: “Esto no es sólo una cuestión económica, sino una cuestión de justicia federal y cumplimiento de la Constitución”.

 

Impacto electoral y tensión con los gobernadores 

 

El conflicto previsional se da en un año electoral, donde la caída del 16% en las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias genera tensiones crecientes. Gobernadores que hasta ahora se mostraron cercanos al oficialismo nacional enfrentan dificultades para sostener el gasto público, especialmente en áreas sensibles como la seguridad social.