La presidenta del bloque de la UCR en la Legislatura de Catamarca, Silvana Carrizo, impulsa un proyecto de ley para derogar los recientes decretos del Poder Ejecutivo provincial que modificaron el régimen de aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y establecieron una doble retención a jubilados y pensionados.

Carrizo denunció que las reformas fueron impuestas “de forma arbitraria y sin participación legislativa”, y que constituyen una carga adicional para los sectores más vulnerables. Según la diputada, estas decisiones vulneran los principios de equidad y solidaridad del sistema de seguridad social.

El proyecto propone eliminar la actual fórmula de cálculo que impone como base mínima un 80% del promedio ponderado de las remuneraciones mínimas de todos los escalafones del Estado provincial. En su lugar, se restablecería el criterio tradicional: calcular los aportes sobre la remuneración real y efectiva de cada trabajador.

La iniciativa también apunta a frenar el polémico doble descuento aplicado a jubilados. Carrizo cuestionó la retención que se realiza sobre el 82% móvil pagado por ANSES, señalando que dicho complemento “no constituye un beneficio previsional, y por lo tanto no puede estar sujeto a retenciones provinciales”.

De aprobarse la ley, OSEP tendrá 30 días para ajustar su reglamentación y mecanismos de recaudación. El objetivo es corregir distorsiones, restituir la transparencia y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para trabajadores activos y pasivos.

Carrizo también propuso que cualquier futura modificación del régimen de aportes deba ser aprobada por ley, impidiendo al Poder Ejecutivo realizar cambios por decreto, como ocurrió durante el receso legislativo.

La diputada cuestionó las justificaciones del oficialismo, que atribuye los cambios a la diferencia entre el salario mínimo y la inflación. “Ese desfasaje puede corregirse con cláusulas de actualizaciones razonables. Lo que no puede hacerse es imponer fórmulas sin transparencia”, afirmó.

El proyecto se presenta como una defensa directa de los derechos de los trabajadores y jubilados catamarqueños, y ya se anticipa que, de no obtener tratamiento legislativo, la oposición podría recurrir a la Justicia.