El Gobierno nacional habilitó, mediante órdenes reservadas, a efectivos del Ejército y la Armada desplegados en la frontera norte a realizar detenciones de civiles en casos de flagrancia, en el marco del “Operativo Roca”. La medida, que se aplica principalmente en la provincia de Salta en coordinación con la Gendarmería Nacional, apunta a reforzar el control de los territorios rurales alejados de los centros urbanos y pasos fronterizos oficiales.

El operativo fue oficializado el pasado 15 de abril, respaldado por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional. Según el Ministerio de Defensa, el despliegue es flexible y se ajusta a las necesidades de vigilancia tanto terrestre como aérea. Las tropas cuentan con drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond para tareas de relevamiento.

Las “Reglas de Empeñamiento”, que regulan el accionar de los uniformados, fueron comunicadas de manera reservada y establecen cómo deben actuar en el terreno. Más de 10.000 efectivos del Ejército participan en el operativo, con 1.300 desplegados de forma permanente en las zonas de intervención.

Frente a las críticas recibidas por esta decisión, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida: “Sí, es controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”. Petri recordó que la detención en flagrancia está prevista en los códigos procesales tanto nacionales como provinciales, y cuestionó lo que describió como "un sesgo ideológico" que "maniató a nuestras fuerzas".

“El uso de las fuerzas armadas en el control de fronteras es habitual en nuestros países vecinos y en potencias como Estados Unidos, que lo anunció en enero. No se entiende el escándalo en Argentina”, agregó.

La “Operación Roca” se suma al “Plan Güemes”, que ya se encuentra en marcha y fue relanzado recientemente con un acto encabezado por Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica y era urgente reforzar la presencia del Estado”, destacó Sáenz.

En paralelo, Patricia Bullrich subrayó el objetivo de combatir las redes criminales: “Muchos vecinos viven con miedo o conviven con criminales. Vamos a desmantelar cada banda y a liberar cada rincón tomado por el narcotráfico”, sostuvo.

Además, se implementará un sistema de cooperación con Bolivia para que el país vecino informe en tiempo real sobre vuelos sospechosos procedentes de su territorio, facilitando así las interceptaciones y mejorando la vigilancia fronteriza.

Según el Gobierno, la operación está diseñada en estricta consonancia con la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y el Decreto-Ley 15.385/44, que habilitan la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en resguardo de la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos.