El Gobierno evalúa suspender 270.000 pensiones por discapacidad correspondientes a beneficiarios con domicilios desconocidos. La medida forma parte de una auditoría llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende del Ministerio de Salud. Para comenzar con el proceso de verificación, el Ejecutivo envió cartas documento a los hogares de los beneficiarios, en el marco de un relevamiento sobre un universo total de un millón de pensiones.

Según informó TN, desde la Casa Rosada se emitieron más de 550.000 notificaciones, aunque solo lograron establecer contacto con aproximadamente 280.000 personas. En Balcarce 50 aseguran que en más de 220.000 casos no fue posible localizar un domicilio, mientras que en otros 50.000 no se concretó la entrega de la documentación por distintas razones: domicilios inaccesibles, rechazos, ausencia por vacaciones o vencimiento de plazos.

Frente a este panorama, el Gobierno analiza interrumpir el pago de las 270.000 pensiones correspondientes a personas con las que no se logró ningún tipo de contacto, mientras continúa el proceso de auditoría. A su vez, todavía resta enviar más de 110.000 cartas de citación. “Si no podemos confirmar la condición de discapacidad, daremos de baja la pensión”, señalaron desde el oficialismo.

Las autoridades a cargo del operativo sospechan que una porción significativa de los beneficiarios reside fuera del país y tienen previsto cruzar la información con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. No contemplan como válido que un beneficiario no se presente a los controles exigidos. “Si tras la suspensión no se reciben reclamos, entenderemos que había una irregularidad”, afirmaron fuentes oficiales.

Asimismo, el Ejecutivo confirmó que se revocarán los beneficios a aquellas personas que no superen los exámenes médicos exigidos en el marco de la auditoría, en la que también colaborará el PAMI. En ese contexto, se derogó la resolución 187/2025, que establecía los criterios normativos para llevar adelante estas evaluaciones.

“El objetivo de esta decisión es avanzar en una nueva normativa que está siendo analizada por profesionales y especialistas en la materia, con participación activa de organizaciones de la sociedad civil”, informó el oficialismo tras hacer pública la medida. El director de ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá presentar próximamente un nuevo marco regulatorio.

En cada evaluación, se exigirá un certificado médico oficial que indique la secuela invalidante, un resumen de la historia clínica con detalles del tratamiento y estudios complementarios que respalden la patología incapacitante. La asignación de turnos para concretar las entrevistas comenzó el pasado 1 de marzo.

En respuesta, la oposición presentó este miércoles en el Congreso un proyecto de ley que propone declarar el estado de emergencia en materia de discapacidad. La iniciativa busca saldar las deudas con prestadores del sistema de salud, actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, y asegurar un financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, verificando las condiciones de acceso y continuidad del beneficio.