Tras varios días de recolección de pruebas y testimonios en el marco de la investigación por el homicidio perpetrado contra el joven Diego Fernández Lima en 1984, finalmente el fiscal Martín López Perrando decidió citar a indagatoria a Cristian Graf (hasta ahora el principal sospechado del hecho), para que explique por qué los huesos de quien fuera su compañero en la ENET 36 de Villa Ortúzar estuvieron 41 años enterrados en el fondo de su casa mientras la familia de la víctima buscaba su paradero sin éxito.

A diferencia de las anteriores personas que fueron citadas a declarar, Graf lo hará en calidad de imputado: los cargos que el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 61 de Retiro le confiere son los de encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión de evidencia. Así se desprende de la resolución que López Perrando le envío a Alejandro Litvack, el Juez de Instrucción que deberá confirmar y efectuar el llamado a indagatoria a quien a partir de la tarde del martes, se convirtió en el primer incriminado formalmente por el caso. Según pudo averiguar Página/12, fue clave en ese sentido el aporte de los albañiles que trabajaron en la obra a partir de la cual fueron hallados los restos óseos de Fernández Lima.

De acuerdo a lo que argumenta el fiscal en la citación, Cristian Graf --que había sido compañero de curso de Fernández Lima en la Escuela Técnica 36 durante 1982 y 1983 y mantenían un gusto común por las motos-- presentó actitudes omisivas y temerosas, además de conferir mentiras y contradicciones tendientes a entorpecer la investigación, una vez que los obreros encontraron los huesos en el límite entre el terreno donde ellos trabajaban y el chalet contiguo, una ligustrina que fungía de medianera vegetal. 

El que se excusa se acusa

A poco de que trascendió la noticia de la aparición de estos restos, Graf se puso en contacto con los trabajadores de la obra e intentó persuadirlos de dos hipótesis: el hallazgo podía ser producto de las sepulturas que se realizaban en esa zona en el siglo XIX cuando funcionó la iglesia Santa María de los Ángeles, o bien haber aparecido accidentalmente dentro de una camionada de tierra que su familia contrató para empalizar el patio antes de colocar allí una pileta. Antes de eso les había pedido expresamente que no talaran un árbol en el límite de ambas propiedades, precisamente en el lugar donde luego se encontraron los restos de Fernández Lima.

Tal como venía sugiriendo este diario en virtud de lo indicado por distintos abogados penalistas consultados, una estrategia plausible para evitar la prescripción del hecho investigado (un homicidio, en principio) podría consistir en postergar la citación a Graf para evitar que éste mismo invoque tal principio, en los hechos una coartada que precipitaría el final de la investigación y dejaría al caso sin resolución. Por eso es que le rechazaron la presentación que el ahora imputado quiso hacer el lunes, cuando fue a fiscalía por sus propios medios: quizás López Perrando procuraba recolectar otros elementos para encontrar una imputación más difícil de rebatir y para ello necesitaba otro poco de tiempo, algo que, en efecto, consiguió.

Ingeniosa estrategia

De ese modo, ahora la unidad fiscal encontró una estrategia que por un lado le permite esquivar la invocación de prescripción de parte de Graf y su representante (al menos en el corto plazo) y, por el otro, imputarle al sospechado una serie de cargos que pueden ser de imputación vigente, como es el encubrimiento realizado en mayo pasado cuando aparecieron los huesos, aunque también con menor carga penal y, por lo tanto, la posibilidad de excarcelación. Este es un juego de piezas sutil y calculado para alcanzar, de mínima, un objetivo compartido entre los investigadores y la familia de Fernández Lima: saber a ciencia cierta quién mató a Diego, en qué circunstancias y por qué motivo. La otra pregunta que subyace es si, además de las acusaciones, Cristian Graf participó del homicidio en calidad de autor. Un interrogante que también se podría extender hacia las otras personas que vivían en ese chalet al momento del crimen: su hermana, su madre y su padre, éste último fallecido.