

Cuando la Policía de la Ciudad llegó al barrio Altos de Campo Grande en Pilar encontró a Diego Spagnuolo, el funcionario recién eyectado de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al volante de su camioneta Nivus. Los agentes tuvieron que cruzarle un patrullero para que detuviera la marcha. En su casa encontraron una máquina de contar dinero y --algo extraño-- una pila de unos 20 centímetros de billetes de 100 pesos.
Le secuestraron un celular Iphone pero se negó a entregar la clave. Fue uno de los más de 15 allanamientos que se hicieron desde la noche del jueves y a lo largo del viernes en una causa judicial abierta tras la filtración de los audios donde se escucha una voz atribuida a Spagnuolo que cuenta cómo en la Casa Rosada se cobraban coimas millonarias por contratos para la compra de medicamentos. El juez Sebastián Casanello, que entiende en la causa, le prohibió la salida del país tanto a Spagnuolo como a uno de los empresarios del laboratorio involucrado en la causa.
Es notable la falta de respuesta del Gobierno ante un escándalo de proporciones en una de las áreas críticas, en este caso la de discapacidad, en las que Milei hizo sistemáticamente gala de la motosierra. Nadie rechaza o desmiente nada. Por ahora solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limitó a decir que el mandatario le comentó que Spagnuolo "jamás le hizo un comentario" sobre el tema. Por la noche, en un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente eludió referencias al asunto de los audios, donde aparecen mencionados su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de gestión institucional, como claves en el presunto sistema de recaudación.
El fiscal federal Franco Picardi quedó a cargo de la causa penal a raíz de que los audios en cuestión salieron a la luz y apuró una serie de medidas elementales para asegurar pruebas imprescindibles como los celulares, otros dispositivos electrónicos, documentación y dinero. Algunos de los procedimientos derivaron en escenas tan cinematográficas como la que protagonizó Spagnuolo. No está claro que él estuviera en posición de fuga, pero --según los investigadores-- fue llamativo que se subió a la camioneta en el momento exacto en que la Policía llegaba a la garita del barrio privado. En su casa no había nadie. Además del Iphone que llevaba con él, en otro vehículo que tenía estacionado junto a la casa había un celular más básico, también incautado.
El resto de los procedimientos se hicieron en dependencias de Andis, en la droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares. Hubo dos en el barrio La Isla de Nordelta, donde viven los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de parte de la empresa. Al primero de ellos la policía lo interceptó cuando intentaba irse en su vehículo. Los agentes revisaron el interior y encontraron 200.000 dólares repartidos en una decena de sobres, y cerca de 7 millones de pesos. Le secuestraron también el teléfono. Jonathan logró evitar a los efectivos. En su vivienda estaban la esposa y su hijo. Todo indicaría que se llevó dinero porque una de las tres cajas de seguridad que habían tenía la puerta abierta y en el suelo había gomitas (como para sujetar fajos) desparramadas. En la caja hallada en una habitación de servicio había 50.000 dólares.
Entrada la noche fue allanada en Avellaneda la casa de Daniel Garbellini, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, que aparece mencionado en los audios. También le incautaron el celular. Por ahora el objetivo de Picardi es que no se pierda evidencia pero, además, que nadie se escape. En base a un pedido suyo el juez Sebastián Casanello --el juzgado donde quedó radicada la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio lugar a la causa-- prohibió la salida del país a los dos exfuncionarios, a los hermanos Kovalivker y también a su padre, Eduardo, quien aún no fue ubicado. Aunque preside la droguería ya no estaría activo en la dirección y, todo indica que pasa tiempo en Punta del Este.
Entre otros hallazgos relevantes en los operativos, en una dependencia de Andis se secuestraron seis solicitudes de gestión de pagos (que son 42 fojas) y uno de pagos específicamente a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos. En uno de los domicilios de la droguería la policía se llevó quince cajas con documentación y un pendrive con información que también podría estar vinculada con la causa. Los celulares, computadoras y soportes informáticos secuestrados fueron entregados para ser analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal.
El propio juez Casanello tuvo el año pasado una primera denuncia de agosto de 2024 vinculada con la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentino. Ese caso, que había surgido de una presentación del abogado Alejandro Díaz Pascual, a quien se vincula con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había señalado irregularidades en contrataciones. La sospecha era sobre compras por 30.000 millones de pesos sin licitación. Se basaba en un informe de Tomás Méndez del que dio cuenta este diario. Pero el fiscal Carlos Rívolo llegó a la conclusión de que las contrataciones, para la compra de medicamentos costosos, no eran irregulares. Como no imputó, el expediente fue archivado.
Las grabaciones serían de aquella misma época, es decir, un año atrás. La conversación parece transcurrir en un lugar público. Según aquella vieja denuncia, quien sería Spagnuolo hablaba con alguien a quien habría consultado sobre --decía-- “los riesgos legales de firmar expedientes irregulares con sobreprecios". Spagnuolo, de todos modos, es abogado. Incluso fue abogado de Milei.
En algunos momentos claves de los audios la voz atribuida a Spagnuolo explica con detalles la trama de sobornos a laboratorios para garantizar contratos con el Estado. "Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina", se escucha en un momento. Un elemento que invita a la duda es que es sabido que todo funcionario que tiene conocimiento de un posible delito tiene la obligación de denunciarlo, de lo contrario incumples sus deberes.
En otro tramo dice: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita? (…) Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?". Cuando se explaya sostiene que Karina Milei y Lule Menem se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes". "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", dicen los audios. El total de sobornos sería un 8% según surge de la conversación.
Spagnuolo era alguien cercano a Milei. Desde el comienzo de la gestión fue 38 veces a la Quinta de Olivos y tendría un número similar de ingresos a la Casa Rosada. Ningún otro funcionario lo visitó tanto. Es quien le dijo el año pasado a la mamá de Ian Moche --el niño agredido por el Presidente que busca concientizar sobre el autismo-- que el Estado no tiene la culpa de que tenga un hijo con una discapacidad. "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?", contó el propio chico que dijo el exfuncionario.
Esta semana intentaron que renunciara, pero no lo hacía y finalmente lo echaron. La salida de su número dos, Garbellini, es elocuente y aumenta las sospechas. El Gobierno, a través del vocero Manuel Adorni, anunció la intervención de Andis en un intento fallido por correr el foco. El revuelo alrededor de los audios coincidió con el rechazo en la Cámara de Diputados al veto a la Emergencia en Discapacidad. Esto expuso que mientras el Gobierno intentaba maximizar el ajuste sobre pensiones y servicios, con el argumento de déficit cero y de que no hay plata, la Andis quedaba al desnudo como un foco de corrupción.
El fiscal Picardi, pudo saber Página/12, considera que los audios son una prueba válida y que en función de lo que surge de allí se puede investigar perfectamente. En los próximos días será clave el análisis del contenido de celulares y dispositivos pero también de la documentación. Además de la droguería de la familia Kovalivker están en la mira otros proveedores que habrían tenido a esa empresa como intermediadora. Los mecanismos de "recaudación" presuntamente ilegal no solo aparecen en este causa, ya están presentes en otras como el caso $LIBRA.