El fiscal Hugo Costilla volvió a cuestionar la imparcialidad de Augusto Barros, a quien pretende apartar del proceso en su contra, alegando vínculos políticos con el oficialismo y falta de experiencia en el ámbito judicial. Esta vez, sumó a su planteo un nuevo elemento: el envío de correos electrónicos por parte del secretario relator de la Corte, Arturo Herrera Basualdo, que habrían servido como una suerte de “asesoría” en el caso Wika. Barros evitó referirse de manera directa a este episodio.

Costilla, titular de la Fiscalía de Instrucción N°5, presentó un pedido formal para que Barros sea separado de su rol como fiscal acusador en el Jury de Enjuiciamiento previsto para el lunes próximo, solicitando además la postergación del debate hasta que se resuelva su planteo. Fundamentó su pedido en la “falta de objetividad, presunción fundada de parcialidad y carencia de idoneidad técnica” del fiscal Barros.

El eje central de su presentación es lo que definió como un “hecho novedoso”: una supuesta colaboración directa entre el fiscal acusador y una de las partes interesadas en el expediente. En concreto, se refiere a Arturo Herrera Basualdo, quien en un proceso penal previo se desempeñó como asistente técnico del denunciante Cristian Guillou y actualmente, según afirma Costilla, asesora y consulta al Dr. Barros, al tiempo que ejerce como secretario relator del ministro de la Corte Jorge Bracamonte, el último juez incorporado al máximo tribunal.

Según el argumento de Costilla, esta situación reviste una “gravedad inusitada” y compromete la neutralidad del acusador, ya que —a su entender— implica que el Ministerio Público está siendo representado por alguien influenciado por una de las partes involucradas.

El planteo de Costilla se vio impulsado por la denuncia presentada días atrás contra Barros y Herrera Basualdo, a raíz del envío de un correo electrónico en el que este último habría remitido un listado de preguntas para formular a dos testigos clave del Jury contra Costilla, acusado de presunto mal desempeño en la causa Wika.

En su escrito, Costilla también insistió en remarcar los vínculos políticos de Barros con el oficialismo, recordando que fue apoderado del Partido Justicialista, así como su falta de trayectoria dentro del Poder Judicial. Subrayó que su nombramiento como fiscal de Cámara se produjo sin concurso público ni antecedentes en la carrera judicial. Esa falta de experiencia, según Costilla, queda en evidencia por la “dependencia de asesoramiento externo” a través del Dr. Herrera Basualdo, lo cual, en su visión, refuerza las dudas sobre su imparcialidad.