El Congreso giró el jueves al Poder Ejecutivo las leyes de emergencia sanitaria en salud pediátrica, que surgió a raíz de los reclamos del Hospital Garrahan, y la de Financiamiento Universitario, que fueron recientemente sancionadas por el Senado. El presidente Javier Milei tiene tiempo hasta el 11 de septiembre (diez días hábiles) para decidir si las promulga o las veta.

Ambos proyectos cuentan con un amplio respaldo legislativo, lo que pone al Gobierno en una posición delicada. La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, mientras que la ley de emergencia en salud pediátrica recibió 62 votos afirmativos y 8 negativos, lo que demuestra un apoyo bipartidista considerable.

A pesar de este consenso, el Ejecutivo ya manifestó su intención de vetar ambas leyes. De concretarse, este sería el segundo veto de la administración de Milei a una ley relacionada con el financiamiento de la educación superior, lo que podría provocar nuevas tensiones y movilizaciones por parte del sector universitario a finales de septiembre.

La Casa Rosada está analizando con cautela los próximos pasos. Aunque el Gobierno no desea respaldar iniciativas de la oposición, la situación de la salud pediátrica es particularmente sensible. Por esta razón, se está considerando la posibilidad de que un veto a esta ley sea acompañado por un paquete de anuncios que mitigue el impacto negativo y muestre una respuesta del Gobierno a la crisis sanitaria, Según informó Ámbito. Sin embargo, la decisión final aún está pendiente, y el análisis es más profundo debido a la naturaleza crítica del tema de la salud infantil.

Paralelamente a estas deliberaciones, el Senado se prepara para una sesión la próxima semana con el objetivo de revertir otro veto presidencial, esta vez sobre la declaración de emergencia en discapacidad. La iniciativa, que ya fue respaldada por 172 diputados, muestra un fuerte deseo de la oposición de avanzar con sus agendas legislativas a pesar de la postura del Ejecutivo. El Gobierno, por su parte, espera que la oposición recurra a la vía judicial para implementar la ley.