En declaraciones brindadas a un medio colega, Sosa sostuvo que los concejales libertarios Diego Figueroa y Eleonora Sopaga “se han convertido en la mala noticia para los vecinos de la ciudad”, al considerar que las iniciativas impulsadas por ese espacio terminan afectando a trabajadores informales y sectores vulnerables.

“El único planteo que hacen es prohibir. Ya lo hicieron con vendedores ambulantes, cuidacoches y trabajadores independientes que todos los días salen a buscar el sustento para sus familias”, expresó el dirigente peronista.

Asimismo, vinculó estas propuestas con el contexto económico nacional y señaló que “la gente está atravesando una situación muy difícil” y que las políticas impulsadas desde el espacio libertario “impactan directamente en los sectores más golpeados”.

Sosa también defendió el rol de asociaciones, clubes y cooperadoras que durante cada edición de la Fiesta del Poncho generan ingresos a través del estacionamiento vehicular. “Hay familias que llevan más de 15 años trabajando de esta manera y es muchas veces su única fuente de ingreso”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, el titular del cuerpo deliberativo respondió a las denuncias del concejal Figueroa sobre presuntas irregularidades en el manejo de los espacios de estacionamiento. “Si existen acusaciones de manejos indebidos, deberían presentarse las pruebas correspondientes y no hacer declaraciones mediáticas sin fundamentos”, afirmó.

A su vez, explicó que desde el oficialismo trabajan en una propuesta alternativa para crear un registro de cuidacoches y establecer mayores controles y transparencia en la actividad. “La idea es ordenar y regular para que el vecino tenga garantías y sepa quién trabaja en cada sector”, indicó.

También respaldó a la concejala Leticia Romero, autora de un proyecto relacionado con la regulación de cuidacoches, y consideró que fue cuestionada injustamente por el bloque opositor.

Finalmente, Sosa aseguró que la iniciativa impulsada por Figueroa “no es viable” y adelantó que no contaría con el respaldo político necesario dentro del Concejo Deliberante. “Es un proyecto que perjudica a más de 100 familias catamarqueñas”, concluyó.