La concejal Eleonora Sopaga presentó iniciativas para interceder ante la Provincia por las cámaras de seguridad y reclamó un plan integral de poda y alumbrado junto a EC SAPEM para terminar con las calles oscuras y los puntos ciegos en los barrios.

la creciente preocupación de los vecinos por la seguridad pública en la capital provincial, la concejal Eleonora Sopaga, representante del bloque "Alianza La Libertad Avanza – PRO", ha presentado una serie de iniciativas claves en el Concejo Deliberante de la Capital. La propuesta central tiene como objetivo exigir al Departamento Ejecutivo Municipal que interceda ante el Poder Ejecutivo Provincial y las autoridades del Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE 911) para obtener un informe detallado, fehaciente y verificado sobre el estado operativo de todas las cámaras de videovigilancia de la ciudad. Asimismo, la edil libertaria amplió el reclamo hacia la gestión local, poniendo la lupa sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal y las graves deficiencias en el alumbrado público y el arbolado urbano que afectan la prevención del delito.

Al respecto, Sopaga enfatizó que la seguridad de los catamarqueños no puede quedar en un simple anuncio publicitario, remarcando que un sistema de videovigilancia solo es eficaz si funciona técnicamente, si las cámaras apuntan a donde corresponde y si reciben el mantenimiento adecuado. En este sentido, las iniciativas advierten que en múltiples sectores del ejido municipal el crecimiento desmedido del arbolado urbano, la instalación de cartelería comercial y la falta de inversión técnica han reducido de forma drástica la utilidad de estos dispositivos, creando peligrosos puntos ciegos que terminan favoreciendo la impunidad delictiva. Paralelamente, la concejal planteó la necesidad de conocer a fondo cómo trabaja el Centro de Monitoreo Municipal, exigiendo precisiones sobre cuántas personas cumplen funciones allí, en qué condiciones laborales se encuentran y si cuentan verdaderamente con la infraestructura y la tecnología necesarias para una tarea tan importante, ya que la seguridad no depende solamente de tener cámaras fijadas en un poste, sino de contar con herramientas adecuadas y un personal respaldado.

Desde el bloque de La Libertad Avanza argumentan que la ciudadanía tiene el derecho inalienable de conocer en qué condiciones se encuentra la tecnología destinada a su protección, especialmente cuando se trata de sistemas financiados de manera íntegra con recursos públicos. Por este motivo, el pedido de informes exige precisiones explícitas sobre la cantidad total de dispositivos instalados, su ubicación general, el cronograma de mantenimiento técnico realizado, la calidad de las imágenes y la existencia de equipos fuera de servicio. A su vez, la propuesta aborda un problema crítico detectado en las recorridas por los barrios: el deficiente estado del alumbrado público. En muchos sectores de la capital, las luminarias quedan completamente tapadas por el follaje, generando calles oscuras que facilitan el accionar de los delincuentes. Incluso, se identificaron numerosos casos donde la copa de los árboles dificulta directamente la visión de las propias cámaras de seguridad.

Por esta razón, la concejal Sopaga presentó un proyecto complementario para que el municipio realice un relevamiento urgente y un plan de poda responsable y estratégica en conjunto con la empresa distribuidora de energía EC SAPEM y los organismos competentes. La edil libertaria consideró fundamental conocer en detalle el grado de cobertura territorial para determinar qué áreas de la ciudad carecen hoy de monitoreo o sufren de una oscuridad total por falta de mantenimiento forestal y lumínico.

Finalmente, los proyectos —que solicitan ser girados con prioridad a la Comisión de Gobierno y Peticiones— abordan los protocolos de actuación ante emergencias. La propuesta exige transparentar de qué forma se coordinan los operadores del SAE 911 con las fuerzas policiales en territorio y los servicios médicos al momento de detectarse un ilícito, así como los criterios de almacenamiento y plazos de custodia de las imágenes para garantizar que sean entregadas con agilidad cuando las autoridades judiciales las requieran.

Las iniciativas establecen un plazo perentorio máximo de treinta días corridos para que el Ejecutivo Municipal remita al Concejo Deliberante toda la información recopilada y comience a ejecutar un plan de acción eficiente entre todos los organismos involucrados.