Paraguay atraviesa un verdadero terremoto institucional por la crisis que desató la caída de Ueno Bank y que, apenas tres días después, derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña. Sin embargo, el Congreso rechazó su dimisión y tenía previsto avanzar este viernes con un juicio político que podría dejarlo sin fueros parlamentarios.

Pero hubo un giro inesperado. A pocas horas del inicio de la sesión, Peña presentó un escrito para solicitar una prórroga de 72 horas antes de comparecer ante el Congreso y ejercer su defensa.

“Claramente, al tratarse de un proceso en el cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa”, sostuvo el mandatario en una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

Núñez adelantó que evaluará de urgencia el pedido, mientras crece la tensión política por el futuro del presidente.

Comenzó el desarme del corralito bancario

En paralelo a la crisis política, el Banco Central de Paraguay anunció que comenzó a desarmar el “corralito” que mantiene congelados los fondos de casi 2 millones de personas. La devolución del dinero se realizará de manera gradual durante los próximos días.

Mientras tanto, la sede central de Ueno Bank, en Asunción, se convirtió en el epicentro de las protestas. Las manifestaciones se extendieron hasta la madrugada del viernes e incluyeron destrozos en el edificio y enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía.

El impacto de la caída del banco es masivo. La crisis afectó la disponibilidad de dinero, los medios de pago e incluso provocó el cierre de una popular aplicación de viajes.

Jóvenes y empleados públicos, entre los más afectados

Entre los damnificados aparecen especialmente jóvenes que habían ingresado por primera vez al sistema financiero a través de Ueno Bank y empleados públicos que cobraban sus salarios en la entidad. Entre estos últimos también hay integrantes de las fuerzas policiales.

José Maciel, administrador del fondo de garantía creado por el Banco Central para cubrir los depósitos congelados, explicó que la devolución comenzará por los clientes que no tengan deudas, posean cuentas en otros bancos y registren saldos inferiores a 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos u$s1.600.

El proceso no será inmediato. Las autoridades estiman un plazo de cinco días hábiles para completar esta primera etapa de restitución de fondos. Los recursos provienen del fondo de garantía que se financia con aportes trimestrales del resto de las entidades bancarias.