Con cautela y analizando diferentes alternativas, el Gobierno avanza en la redacción de un Decreto para permitir que las Fuerzas Armadas tengan más capacidad de acción y, entre otras cosas, puedan combatir contra organizaciones terroristas y narcotraficantes, especialmente en las zonas de frontera.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes oficiales, si bien todavía no hay un texto definido, el ministro de Defensa, Luis Petri, y su equipo legal intensificaron en los últimos días el estudio de esta iniciativa que se viene gestando desde el inicio de la administración libertaria, asesorándose con expertos en la materia.

La decisión de acelerar la medida se dio luego del video en el que cuatro presuntos narcos amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Sobre este tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, aseguró que “lo que pasó fue gravísimo” y confirmó que, “indefectiblemente, el Gobierno va a tomar medidas al respecto”.

Puntualmente, las autoridades nacionales buscan modificar el Decreto 727, que data del 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y limita el accionar militar a la lucha específicamente de agresiones de Estados extranjeros, excluyendo así a otros tipos de amenazas.

Desde que asumió el poder, la actual gestión de Javier Milei busca darle un rol más preponderante a las FFAA, por un lado, modernizando el equipamiento a través de, por ejemplo, la compra de nuevos aviones y vehículos de guerra y, por el otro, dándoles más margen de actuación.

En este sentido, fuentes cercanas al mundo castrense señalaron que en el mundo hubo un cambio de paradigma a partir del atentado que los Estados Unidos sufrió a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, y explicaron que la gran mayoría de los países tomaron noción de los nuevos tipos de agresiones que están surgiendo, con el incremento de organizaciones terroristas, y la necesidad de avanzar con una mejor “defensa nacional”.

Bajo este concepto, “puntos con valor estratégico” para la Argentina, como las centrales nucleares de Atucha I y II, ubicadas sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en el partido bonaerense de Zárate, determinadas represas o incluso edificios institucionalmente importantes, deberían tener una custodia militar.