La causa judicial contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cobro de un plus de zona austral en su pensión de privilegio continúa avanzando con nuevas declaraciones testimoniales. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita citó a más funcionarios de la ANSeS, con el objetivo de esclarecer cómo se habilitó el pago de cerca de 6 millones de pesos extra, pese a que la ex mandataria residía en Capital Federal, y no en la Patagonia como exige la normativa.

El beneficio cuestionado corresponde a la bonificación por residencia en “zona austral”, regulada por la Ley 24.018, que otorga un adicional a jubilados y pensionados que vivan efectivamente en regiones del sur argentino. Según los registros, Cristina Kirchner percibió este plus durante años, a pesar de que su residencia habitual era en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, su defensa sostiene que mantiene domicilio en Río Gallegos y que viaja allí para votar.

​​ANSES denunció y la Justicia avanza 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) denunció a la ex presidenta por estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica, y recientemente fue aceptada como querellante en la causa. El Ministerio de Capital Humano también se sumó con una denuncia, reforzando la sospecha de que el beneficio fue cobrado de manera irregular.

Pollicita ya tomó una primera ronda de testimonios a funcionarios de ANSES, quienes en su mayoría indicaron que “delegaron el trámite” en otros empleados. Ahora, se convocó a Cristian Villani, directora de Gestión Administrativa y Técnica del área de Normas y Procesos de la ANSES, para brindar detalles sobre los criterios aplicados en la asignación del plus. También se citará a María Alejandra Bergamaschi, ex directora de la misma dirección, para profundizar en los procedimientos internos que posibilitaron el pago del plus austral.

Doble pensión en el centro del conflicto 

En paralelo, la ex mandataria reclama judicialmente la restitución de sus dos jubilaciones de privilegio, correspondientes a su rol como ex presidenta y como viuda de Néstor Kirchner, que sumaban más de $21 millones mensuales. El cobro fue suspendido tras la condena por corrupción en la causa Vialidad, dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.